miércoles, 13 de septiembre de 2017

12 de septiembre de 2017. Malvinas: ¿quién incumple?

Facundo D. Rodríguez (infobae.com)
El pasado 14 de agosto, el ilegítimo gobierno británico en las Islas Malvinas hizo pública una carta enviada por la primera ministra británica, Theresa May, para agradecer las felicitaciones recibidas por las elecciones de junio pasado. La carta de la mandataria británica, luego de su rutinaria diatriba en relación con el supuesto derecho de libre determinación de los habitantes de las islas, finaliza con un párrafo en donde culpa a la Argentina de no cumplir con los compromisos adoptados en septiembre de 2016 (el acuerdo Foradori-Duncan del 13 de septiembre), y, que esta falta de compromiso sería la responsable de no alcanzar el completo potencial en la relación entre ambos gobiernos.

No es novedosa la actitud británica de echar culpas a la Argentina. Se trata del modus operandi habitual para intentar mostrar a la Argentina como la parte intransigente y belicosa. Sin embargo, la realidad dista mucho de este mote que se nos intenta colocar. Veamos un sólo ejemplo, de suma importancia para todos los involucrados: la pesca en el Atlántico sur.


Conforme la "Declaración Conjunta sobre Conservación de Recursos Pesqueros" del 28 de noviembre de 1990, los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido habían acordado cooperar en materia de conservación de los recursos ictícolas en la zona del Atlántico sur. Cabe aclarar que se trataba de acciones de cooperación bajo la ya conocida "fórmula de soberanía" y que en nada se asemejaba a un acuerdo que permitiese la realización de actividades conjuntas o unilaterales, como era la intención británica, en relación con la administración compartida de los recursos pesqueros en las zonas en disputa, ya que la Argentina no reconoce al Reino Unido como Estado ribereño en el Atlántico sur.

Sin perjuicio de las acciones de cooperación, la Argentina ha protestado todos y cada uno de los actos unilaterales británicos en esta materia. A saber: el establecimiento de pretendidas jurisdicciones marítimas alrededor de las Islas Malvinas en 1986 y 1990, y alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en 1993. También, la venta de licencias de pesca desde 1987, el levantamiento unilateral en 1994 de la prohibición total temporaria de pesca estipulada en el área descrita en el anexo de la Declaración Conjunta de 1990 y en el área al oeste de aquella, y la instauración en 2005 de un régimen de cuotificación de los recursos pesqueros en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

Estos actos unilaterales británicos, entre otros, están en contradicción flagrante a lo establecido por la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las dos partes en la controversia a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales en la situación mientras está pendiente la solución de la disputa y les pide la reanudación de las negociaciones bilaterales en cumplimiento de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General.


En reiteradas oportunidades la Argentina había advertido al Reino Unido que rechazaría nuevas medidas unilaterales, en particular aquellas con miras a disponer a largo plazo de los recursos pesqueros que se encuentran sometidos a la disputa de soberanía y que la adopción de una medida de este tipo afectaría gravemente la cooperación en esas áreas. Finalmente, el Reino Unido, haciendo oídos sordos a las protestas argentinas, adoptó una medida por la cual instauraba un régimen de otorgamiento de licencias de pesca por un lapso de 25 años, que fue rechazada y protestada formalmente por la Argentina el 27 de octubre 2005, lo que llevó a la suspensión de este acuerdo en diciembre de ese mismo año.

El Gobierno argentino, ejerciendo las acciones que le ofrece el marco legal aplicable a esta situación, el 20 de junio de 2008 promulgó la ley 26386 para actuar en relación con las empresas que explotan recursos pesqueros en la zona económica exclusiva argentina sin la autorización correspondiente con el objeto de conservar los recursos pesqueros en el Atlántico sur.

Ahora, es de suma importancia destacar que las medidas unilaterales británicas enumeradas en los párrafos anteriores aún subsisten y resultan tan lesivas como antes, manteniendo plena vigencia las circunstancias que llevaron al rechazo, la protesta y la suspensión de la cooperación bilateral.

Si tales medidas "desvirtuaron" los objetivos y los propósitos de la Declaración Conjunta de 1990 y continúan vigentes, entonces siguen desvirtuando los objetivos y los propósitos del acuerdo Foradori-Duncan, ya que no ha habido cambio alguno en las circunstancias lesivas que llevaron a la suspensión de la cooperación en 2005, tal como protestó bilateralmente y denunció internacionalmente la Argentina.

Por lo tanto, hasta que el Reino Unido no haya dejado sin efecto el régimen de licencias de largo plazo y otras medidas unilaterales, será imposible avanzar en el cumplimiento de lo acordado, ya que, como sostuvo el otrora vicecanciller Carlos Foradori ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, estas medidas unilaterales británicas constituyen "un obstáculo" de conformidad a lo establecido en los párrafos del acuerdo de septiembre de 2016.

En resumen, se puede observar con claridad meridiana que si hay un Estado que sistemáticamente ha incumplido con los acuerdos alcanzados, que ha hecho oídos sordos al llamado de la comunidad internacional para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía, que se ha aprovechado de la buena voluntad negociadora de la otra parte y que ha evitado discutir el principal "obstáculo para el desarrollo económico de las islas" (la disputa de soberanía); ese Estado, sin lugar a dudas, es el Reino Unido.

El autor es abogado en Derecho Internacional (UBA), docente (UBA) y coautor del libro "Las Malvinas: entre el derecho y la historia".