La Cancillería se negó a que avance una acción juidicial en contra de Gran Bretaña por el hundimiento de esa embarcación en 1982 fuera de la zona de exclusión que dejó 323 muertos.
La Cancillería rechazó la posibilidad de avanzar en un juicio contra Gran Bretaña que inició en 1987 la Comisión de Familiares de Caídos en las islas Malvinas por crímenes de guerra y por el hundimiento del Crucero General Belgrano.
A través de un escrito de 110 páginas, el Gobierno descartó de plano la posibilidad de avanzar en un juicio contra el gobierno británico que causó lesiones y muertes.
El escrito de la Cancillería justificó el rechazo jurídico bajo un argumento político: se amparó en que no puede declararse la inconstitucionalidad de la declaración de Londres y Buenos Aires firmada en 1989 (conocido como acuerdo de Madrid) que fijó un paraguas para el tema de la soberanía con el fin de que ambos países avancen en los acuerdos económicos, humanitarios y comerciales en las islas.
Es que allí se acordó que ninguna de las partes impondría una demanda contra la otra.
Según publicó un matutino porteño, en el caso del juicio por el hundimiento del crucero General Belgrano, la abogada Ximena Bruzzone de la Cancillería sostuvo en el escrito que "esa es competencia del Ministerio de Defensa" por lo que delegó cualquier reclamo judicial ante esa cartera.
A la vez, en cuanto al caso del prisionero de guerra Raúl Vallejos que fue detenido y maltratado bajo el mando británico y perdió una pierna, la Cancillería no dio lugar al reclamo de "Acción Declarativa de Certeza" al entender que una declaración de "inconstitucional" del acuerdo de 1989 sería "perjudicial" en el restablecimiento de las relaciones políticas, diplomáticas, consulares, tecnológicas y de cooperación con el Reino Unido".