La Comisión Nacional de Ex Combatientes cuestionó hoy el fallo de la Corte Suprema de Justicia que reconoció como ex combatiente de Malvinas a un soldado que se encontraba en el continente durante la guerra de 1982, al considerarlo una "estafa moral", y consideró que con su aplicación "se incrementará la industria del juicio".
"Los jueces supremos intentan cambiar la historia, los hechos y la memoria de nuestro pueblo, con un fallo que es una estafa moral a las familias de los caídos, a los muertos en la guerra, a los heridos y mutilados, a los suicidados, a los ex combatientes, a los argentinos", dijo a Télam el presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, Ernesto Alonso.
Para Alonso, con ese fallo, la Corte actúa con un "criterio clientelista" y reconoce "a uno de los cientos que motivados por una 'psicosis de renta' intentan inescrupulosamente subirse a un colectivo que les pasó cerca para cobrar algún beneficio económico".
Días atrás, la Corte Suprema reconoció como veterano de guerra a un ex suboficial de la Marina, que se desempeñó como controlador de vuelos que durante el conflicto operó desde Bahía Blanca y Tierra del Fuego, fallo que podría sentar jurisprudencia para miles de reclamos.
"Con este fallo, la Corte Suprema posibilita que cualquier persona que vivió en Argentina entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 pueda iniciar un proceso de reclamo para ser considerado ex combatiente", consideró Alonso.
Es que en el fallo, el máximo tribunal declaró inconstitucional las exigencias de "situación geográfica" y entrada "efectivamente en combate" que prevé la ley como requisitos para acceder al beneficio de una pensión.
Según Alonso, a partir de ahora, "estará en manos de los jueces federales establecer quien es ex combatiente" e ironizó con que el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, debería llamar "a una licitación internacional para comprar el medidor de 'riesgómetro de combate' para dotar a los juzgados federales de estas tecnologías".
"La industria del juicio se incrementará contra el Estado nacional con la posibilidad que le otorga la Corte Suprema a cualquier persona que tenga la sensación de haber estado en una 'situación de riesgo de combate', sea en un cuartel en Tartagal, en la base del Chamical en la Rioja o en un hospital o escuela en la Patagonia", advirtió Alonso.
Acusó también a la Corte de "jugar un partido alejado de los intereses de los ciudadanos que merecemos una justicia independiente y un poder judicial democratizado".
"La guerra de Malvinas es un tema que todavía le duele a nuestra sociedad y por ello no podemos admitir que esta desdibujada Corte con un criterio clientelista quiera diluir la identidad de los ex combatientes que nunca pedimos nada a cambio, nuestro trabajo y compromiso es por memoria, verdad, justicia, soberanía y la felicidad de nuestro pueblo", concluyó.
La resolución cuestionada por los ex combatientes fue firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, junto a los ministros Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, en un expediente iniciado por el suboficial retirado Carmelo Antonio Gerez.
En la guerra de 1982, Gerez estuvo en la base aeronaval de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, y después del hundimiento del crucero General Belgrano fue trasladado a la base de Río Grande, en Tierra del Fuego.
"Los jueces supremos intentan cambiar la historia, los hechos y la memoria de nuestro pueblo, con un fallo que es una estafa moral a las familias de los caídos, a los muertos en la guerra, a los heridos y mutilados, a los suicidados, a los ex combatientes, a los argentinos", dijo a Télam el presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, Ernesto Alonso.
Para Alonso, con ese fallo, la Corte actúa con un "criterio clientelista" y reconoce "a uno de los cientos que motivados por una 'psicosis de renta' intentan inescrupulosamente subirse a un colectivo que les pasó cerca para cobrar algún beneficio económico".
Días atrás, la Corte Suprema reconoció como veterano de guerra a un ex suboficial de la Marina, que se desempeñó como controlador de vuelos que durante el conflicto operó desde Bahía Blanca y Tierra del Fuego, fallo que podría sentar jurisprudencia para miles de reclamos.
"Con este fallo, la Corte Suprema posibilita que cualquier persona que vivió en Argentina entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 pueda iniciar un proceso de reclamo para ser considerado ex combatiente", consideró Alonso.
Es que en el fallo, el máximo tribunal declaró inconstitucional las exigencias de "situación geográfica" y entrada "efectivamente en combate" que prevé la ley como requisitos para acceder al beneficio de una pensión.
Según Alonso, a partir de ahora, "estará en manos de los jueces federales establecer quien es ex combatiente" e ironizó con que el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, debería llamar "a una licitación internacional para comprar el medidor de 'riesgómetro de combate' para dotar a los juzgados federales de estas tecnologías".
"La industria del juicio se incrementará contra el Estado nacional con la posibilidad que le otorga la Corte Suprema a cualquier persona que tenga la sensación de haber estado en una 'situación de riesgo de combate', sea en un cuartel en Tartagal, en la base del Chamical en la Rioja o en un hospital o escuela en la Patagonia", advirtió Alonso.
Acusó también a la Corte de "jugar un partido alejado de los intereses de los ciudadanos que merecemos una justicia independiente y un poder judicial democratizado".
"La guerra de Malvinas es un tema que todavía le duele a nuestra sociedad y por ello no podemos admitir que esta desdibujada Corte con un criterio clientelista quiera diluir la identidad de los ex combatientes que nunca pedimos nada a cambio, nuestro trabajo y compromiso es por memoria, verdad, justicia, soberanía y la felicidad de nuestro pueblo", concluyó.
La resolución cuestionada por los ex combatientes fue firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, junto a los ministros Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, en un expediente iniciado por el suboficial retirado Carmelo Antonio Gerez.
En la guerra de 1982, Gerez estuvo en la base aeronaval de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, y después del hundimiento del crucero General Belgrano fue trasladado a la base de Río Grande, en Tierra del Fuego.