“Gran Bretaña concede licencias a pesqueros con prontuarios judiciales abiertos por pesca ilegal y esclavitud”, afirmó Schvartzman en una entrevista. “No tienen observadores a bordo, y no respetan las normas legales para los trabajadores, ni las ambientales y de seguridad. Siguen siendo barcos piratas, pero con licencia británica”.
Schvartzman, que también trabajó para Greenpeace, estudia la actividad de los pesqueros chinos, coreanos, taiwaneses y españoles que operan a la altura de la milla 201, donde termina la zona económica exclusiva argentina. Algunas de esas embarcaciones, según la denuncia, se valen de licencias del gobierno de las islas Malvinas (ocupadas por el Reino Unido en 1833 y cuya soberanía reclama desde entonces Argentina) y de la logística del puerto uruguayo de Montevideo para “lavar” y “legalizar” el producto de su pesca, y comercializarlo en países de la Unión Europea y del Asia.
Schvartzman asegura que las condiciones de explotación y de trabajos forzados que aplican las multinacionales de la pesca son aplicadas también por estos “barcos piratas legales” que pro sí solas pescan casi 1.000 toneladas de calamares el día y contaminan una de las zonas marítimas más ricas en plancton y con mayor diversidad biológica del mundo.