Los 27 estados miembros de la Organización Latinoamericana de Energía reconocieron al país “su derecho a emprender acciones legales contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas” por empresas británicas. Los 27 estados miembros de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), a través de sus respectivos ministros del área, reiteraron “los derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas“ y reconocieron “su derecho a emprender acciones legales contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas” en el archipiélago por parte de empresas británicas.“Los países de América Latina y del Caribe tienen pleno derecho a defender y proteger los recursos naturales presentes en su territorio, en pleno ejercicio de sus derechos soberanos”, sostuvieron los integrantes del organismo internacional tras reunirse el pasado viernes en San Salvador, El Salvador.
Así lo difundió un comunicado de la Cancillería argentina, en el que se expresó: “Las actividades no autorizadas por el Gobierno argentino de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental en el área de las Islas Malvinas contravienen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y el Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras la disputa de soberanía sobre las Islas permanezca no haya sido resuelta”.
Además, los miembros de la Olade sostuvieron: “A pesar de lo dispuesto por la Resolución, el Reino Unido ha continuado realizando actividades relacionadas con la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental en el área de las Islas Malvinas, lo cual no contribuye a encontrar una solución pacífica y definitiva de la disputa de soberanía”.
Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que “la Secretaría de Energía de la Nación declaró clandestinas seis empresas británicas actualmente involucradas en tales actividades no autorizadas y las inhabilitó para operar en la República Argentina por plazos de quince y veinte años, en el marco del plan de acciones que lleva adelante el Estado nacional contra tales actividades”.